La Ley de Educación Superior, necesaria para el sistema educativo nacional,  debe ser completa e involucrar a las universidades públicas y privadas, para establecer  las pautas con respecto al mencionado sistema.
En primer lugar, uno de los principios fundamentales por los que necesitamos que esta ley sea sustituida, es que avanza sobre las autonomías universitarias. Por otro lado, en estos 17 años de vigencia de la ley, se han producido profundos cambios de contexto que reclaman una nueva norma a la altura de nuestro tiempo

El último debate importante que se realizó en la UNLP, con respecto a la LES, fue en el año 2007, cuando la Universidad fijó su posición. Vale la pena repasar las condiciones consensuadas que establecimos en aquel momento y volver a ponerlas en valor.
Esa discusión nos llevó a la reforma del estatuto de la UNLP en el año 2008. Nuestra reforma saldó, desde donde podía hacerlo la Universidad, un conjunto de limitaciones que la ley establecía.
De ahí surgió la ampliación del cogobierno universitario, incorporando a los no docentes y a los colegios. Pudimos además poner a la Extensión en un pie de igualdad, con la Enseñanza y la Investigación, lo que nos dio margen para definir y profundizar nuestras políticas de compromiso con la comunidad.

Asimismo, logramos definir la Transferencia, para quitarle esa pátina oscura de servicios indiscriminados a terceros y ponerla al servicio del desarrollo de nuestra sociedad.
Establecimos la gratuidad de los doctorados, para todos docentes, no docentes e investigadores de la UNLP, del mismo modo que lo hicimos con la formación de posgrados en la carrera de especialización docente, que cientos de compañeros cursan.

Pudimos poner en valor la condición del bienestar universitario. Gracias a ello,  consolidamos el proceso de los servicios universitarios a nuestros estudiantes, como el comedor universitario, que es hoy el más importante de las universidades públicas del país y el albergue universitario, una experiencia inédita en las universidades públicas.
Mucho supimos saldar en nuestro propio debate, pero sin embargo hay cosas que no podemos resolver desde una universidad. El reclamo a nuestra sociedad, al Congreso, y al Gobierno es que tengamos una nueva Ley de Educación Superior, que defina los alcances de la autonomía universitaria, política, académica e institucional. No es la intención aislarnos de los compromisos, sino por el contrario, dejar bien en claro cuáles son las responsabilidades que tiene que asumir la universidad pública con su sociedad. Desde esa posición, defendemos la autonomía universitaria. Ese quizá sea el punto conceptual, político e ideológico más importante.

También es causa de controversia y discusión permanente en nuestras universidades, la CONEAU. No queremos obviar la evaluación de calidad de nuestro sistema educativo e institucional. Por el contrario, creemos en su importancia, pero nos llena de profunda desconfianza que no tenga mayoría de representantes de las universidades públicas. Si vamos a tener un órgano de evaluación público nacional debe estar representado por las propias universidades nacionales.
En esa línea, nos incomoda el artículo 43 que establece cuáles son las carreras de interés nacional y prioritario. Para la Universidad, todas las carreras son de interés prioritario. Somos nosotros, en el marco de nuestra autonomía, los que tenemos que definir qué y cómo enseñamos.

Por otra parte, reclamamos que una nueva LES contemple con profundidad la articulación del Secundario con la Universidad. Sabemos que hoy el sistema educativo hay que leerlo y gestionarlo en un continuo, pero consideramos que hay un bache profundo en ese proceso y tenemos que resolverlo. Necesitamos tender puentes y fijar políticas de articulación.
Finalmente, tenemos que derogar de una vez y para siempre el “fatídico” artículo 50,  que limita a las universidades en su capacidad de decidir sobre sus políticas de inclusión e ingreso.
Desde el debate y el diálogo surgirán las precisiones que necesitamos para definir la condición por la cual la Universidad mira su futuro en el contexto de la Educación Superior, y por eso este reclamo tan vehemente de una ley que contenga toda esta mirada.