Al asumir como decano normalizador de la facultad de Ciencias Agrarias y Forestales tenía 32 años. Cuando el ingeniero Raúl Pessacq me ofreció el cargo, no dudé en aceptarlo. Procedía de un espacio que se podría decir “marginal” dentro de la unidad académica, el área de las ciencias sociales, y además era políticamente independiente, no pertenecía a ningún partido mayoritario, por eso valoré como muy positiva la convocatoria del Rector normalizador.

Por mi juventud y mi situación dentro de la institución, no era visto de la mejor manera por quienes formaban parte de la tradición de la Facultad de Agronomía más antigua del país. Este contexto me obligó a cambiar profundamente mi forma de ver las cosas. Mi inexperiencia, por no haber podido participar en procesos de gestión previos, la fui supliendo con trabajo, dedicándome full time a mi cargo, como se dice en el campo, “de sol a sol”. Había mucho que cambiar, porque la facultad, en el tiempo previo, parecía haber entrado en el túnel del tiempo.

El momento histórico generaba enormes expectativas. Creíamos que era posible cambiar el mundo desde la Universidad, aunque luego vimos que existían limitaciones. Trabajamos para poner en funcionamiento los órganos democráticos que habían sido abolidos durante el gobierno de facto. Debíamos conseguir el mayor grado de participación posible. En algunos casos nos fue complicado porque había gente que seguía alineada con el régimen anterior.

En el espacio de la Universidad se trabajó en la reforma del Estatuto y en una política de Derechos Humanos, buscando restaurar la pluralidad que se había perdido. Se comenzó a revalorizar la voz de los estudiantes y de los graduados acerca del funcionamiento de la facultad. Esto generó tanto la aprobación de algunos sectores, como la crítica negativa de otros.

En el ámbito de nuestra Facultad fue necesario llevar adelante una revisión profunda de los concursos docentes. Los que no habían sido gestionados correctamente por parte de la gestión anterior, durante la dictadura, fueron llamados nuevamente, otros se ratificaron, contando siempre con el aval de nuestro Consejo Académico, que tenía carácter resolutivo. Las autoridades del decanato del período dictatorial siguieron en la facultad como profesores. No se los persiguió ni se los marginó, porque entendíamos que no debíamos actuar del mismo modo en que se había hecho durante el gobierno militar.

En otro plano y como parte de la reestructuración interna, se cambiaron un conjunto de mayores dedicaciones, reasignándolas a áreas que se consideraron deficitarias y permitiendo fortalecer a otras que así lo requerían. El tiempo nos daría la razón. A partir de estos cambios se desarrollaron nuevos proyectos de investigación, maestrías y doctorados que jerarquizaron la unidad académica. Durante este período, se creó la Secretaría de Asuntos Estudiantiles.

Asimismo, comenzamos a trabajar en materia de Extensión, lo que permitió tener una activa vinculación con el sector productivo y diferentes actores públicos y privados, e iniciar una importante etapa de apertura institucional. Se empezó a articular con el INTA, donde fui consejero directivo en representación de las Facultades de Agronomía del país, además, se inicia una activa participación a nivel de la enseñanza agropecuaria superior latinoamericana, formando parte y también presidiendo la Asociación Latinoamericana de Educación Agraria Superior, ALEAS.

El mantenimiento de las líneas de política institucional que fueron puestas en marcha en los años iniciales de la normalización dio una orientación a la unidad académica, que tuvo implicancias positivas en acciones emprendidas durante los tiempos siguientes.

En lo personal, la experiencia acumulada en ese período, entiendo que significó un enorme enriquecimiento, consiguiendo una visión mucho más abarcativa de la Facultad y de la Universidad y posibilitando una mayor comprensión de su estructura y funcionamiento en términos integrales.