La existencia y constitución de la Comisión de Investigaciones de la Universidad (CIU) está documentada en el Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata; para ser más precisa en el artículo 62 de la versión modificada en el año 2008 y en el artículo 58 del Estatuto vigente hasta dicho año. Conviene recordar que, de acuerdo a la normativa, la CIU es presidida por el Presidente de la Comisión, que su Secretario es el Secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad y que su cuerpo total queda integrado por miembros del Consejo Superior (cuatro Consejeros Superiores Docentes, un Consejero Superior Graduado, un Consejero Superior Auxiliar Docente y un Consejero Superior Estudiantil) y un representante por cada Facultad de la UNLP. Las reuniones de la CIU convocan pues la participación de veintisiete miembros de nuestra comunidad académica que por sus funciones en algunos casos, y por el carácter de sus designaciones en otros, representan a todo los sectores de la vida de nuestra universidad, con el propósito de considerar, asesorar y poner en discusión cuestiones relativas a las políticas de investigación de dicha institución.
En otras palabras, el ámbito generado por la CIU permite articular en un mismo espacio la participación de la Secyt, del Consejo Superior y de los representantes de las diversas Unidades Académicas. Esto permite identificar a la CIU como un espacio de carácter francamente deliberativo, un ámbito en el cual la pluralidad de las representaciones garantiza la puesta en consideración de voces y perspectivas diversas en la discusión de temáticas específicas, en la búsqueda de posiciones comunes. Todo esto claro está, para luego ser puesto a consideración de las máximas autoridades de la UNLP.
Cabe mencionar a manera de ejemplo que una de las cuestiones específicas tratadas por la CIU en los últimos años fue aquella relativa a la pertinencia de la existencia de los denominados “proyectos de investigación propios de la Universidad” (PID-PPID); la propuesta de los mismos obtuvo el consenso de la comisión y posteriormente la aprobación del Consejo Superior; en años sucesivos la normativa que los regía fue discutida nuevamente y modificada teniendo en cuenta los resultados obtenidos y nuevas sugerencias recibidas desde la Secretaría de Ciencia y Técnica y de los propios integrantes de la CIU. En la actualidad, entre otras cosas, se discuten y revisan aspectos de la Reglamentación y situación del sistema de Becas de nuestra universidad; se continúa colaborando en la tarea de proponer a los coordinadores de las Comisiones Asesoras Técnicas, en la de revisar y considerar los resultados de las diversas convocatorias vinculadas a investigación, en aproximar posiciones entre representantes de sectores disciplinares diversos.
Por último, no me parece ocioso señalar que como en otras instancias institucionales, el tratamiento de problemáticas, proyectos y políticas vinculadas a la tarea de investigación, exige a los miembros de la comunidad académica a explorar y revisar el campo de las significaciones conceptuales que impregnan las discusiones en cada caso. Hoy es un lugar común sostener que el gran impacto social, económico y político relacionado con la investigación científica, sus aplicaciones y consecuencias, y los efectos de las transformaciones socio-económicas en el propio quehacer científico obliga a los investigadores a pensar viejos y nuevos problemas en contextos diferentes. Teniendo en cuenta las características plurales y representativas, de la CIU considero que ella es un instrumento peculiar de nuestra UNLP y particularmente funcional a los mencionados desafíos que vale la pena sostener y valorizar.
