La potestad de comprar o vender bienes emana del artículo 52, inciso 23 del Estatuto de la UNLP, que establece “autorizar y reglamentar la adquisición y enajenación de bienes” y del artículo 113 inciso “a” que dice: “constituyen el patrimonio de la Universidad los bienes, cualquiera sea su naturaleza, que forman parte de su actual patrimonio y los que ingresen al mismo por cualquier título”. Por lo cual la Universidad Nacional de La Plata no necesita otra autorización que la del Consejo Superior para realizar esta operación.
La venta de las 307 hectáreas se realizó mediante licitación pública nacional, tal como lo prevén las leyes que rigen la administración oficial. Fueron adquiridos 4 pliegos, aunque finalmente se presentaron dos oferentes. La tasación oficial del Banco Nación fue de 32 millones de pesos. Ese monto fue ofertado por uno de los interesados que resultó ser el adjudicatario, mientras que la oferta restante apenas alcanzó el 50% de la tasación oficial determinada por la entidad crediticia oficial.
Usos del predio
El destino de los terrenos vendidos por la UNLP lo determinarán las habilitaciones emanadas de la municipalidad de Lomas de Zamora, a partir de su propio ordenamiento urbano previsto en las correspondientes ordenanzas municipales. Al respecto, el Presidente de la UNLP, arquitecto Gustavo Azpiazu, explicó que “las hectáreas que se venden están afectadas por ordenanzas de la Municipalidad de Lomas de Zamora, por las que se las consagra como espacio verde público. Cuando se realizó la licitación, se dejó constancia en el pliego que la venta se efectuaba con esa restricción municipal. Además, en el boleto de compra/venta se hizo constar la misma circunstancia”. Las Ordenanzas en cuestión son la 3861, la 3933 y sus modificatorias, que categorizan al inmueble vendido como espacio verde público y no lo habilitan para una actividad alternativa.
La zonificación no depende de la UNLP, sino de la Municipalidad de Lomas de Zamora. Esto establece la imposibilidad de instalar allí un basural, una planta de reciclado u otro emprendimiento de riesgo ambiental. La situación cambiaría si el municipio modificara la categorización de uso, y eso sólo puede hacerlo el Consejo Deliberante, por medio de una ordenanza.
Estos terrenos han dejado de constituir un área rural propiamente dicha, puesto que se encuentran rodeados de asentamientos urbanos, aumentando notablemente los riesgos de intrusión y generando permanentes condiciones de inseguridad, tanto para el personal de ambas Facultades como para su patrimonio.
Las Cavas
Con la finalidad de proteger y recuperar en particular el sector de “Cavas”, la Universidad propició convenios con el municipio de Lomas de Zamora (año 2000) y otras entidades. Algunos debieron dejarse sin efecto en razón de la existencia de informes técnicos relativos a la falta de cumplimiento de los mismos. Ante denuncias concretas de contaminación que afectaren la salud humana, la Universidad realizó los estudios correspondientes. Asimismo, se realizaron gestiones a los fines de obtener los recursos económicos que permitieran el saneamiento y recuperación total del sector de cavas, lo cual demanda una fuerte inversión.
La zona de cavas, formadas hace más de 40 años luego de la construcción de obras viales en la región y que ocupa unas 10 hectáreas, es una de las más vulnerables del predio de Santa Catalina. Corre riesgos permanentes de intrusiones, incendios y vuelcos clandestinos de basura muy difíciles de controlar. Se realizaron contratos de locación con empresas que estuvieran en los puntos de acceso al sector de cavas, para evitar el vuelco clandestino.
Se firmaron cuatro contratos de locación; entre ellos, uno con una firma dedicada al reciclado de vidrio y otro con una empresa dedicada a la venta y elaboración de materiales de construcción. Los dos contratos restantes corresponden a la instalación de un obrador y al volcado de áridos. El dinero obtenido de esos alquileres se reinvirtió en el sector histórico. Solamente el arreglo del techo del “tambo histórico” le costó a la Universidad alrededor de 300 mil pesos. El mantenimiento en general del Casco Histórico de Santa Catalina es muy costoso. Las actividades que realizan las empresas están sujetas a las disposiciones y habilitaciones provinciales y municipales, organismos responsables de controlar su correcto funcionamiento.
Con la decisión de alquilar la zona de acceso a las cavas, se logró el múltiple propósito de brindar seguridad, obtener recursos económicos y proteger ese sector. No obstante que el cumplimiento de normativas ambientales y habilitaciones, como así también el poder de policía ecológica, no es una función, ni responsabilidad propia de la universidad, existen en los contratos cláusulas expresas por las cuales las empresas deben obtener en un plazo preestablecido las autorizaciones y habilitaciones municipales, provinciales y nacionales para su funcionamiento. Durante fines de 2007 y todo el 2008 la UNLP intimó a todas las empresas a concluir el trámite de habilitación municipal y provincial. Además, el sector en cuestión está zonificado municipalmente como “zona de usos específicos” lo que significa que cualquier utilización que se le quiera dar debe estar autorizada “particularmente” por el municipio de Lomas de Zamora.
Precisamente, este municipio acaba de clausura dos de las empresas mencionadas que poseían habilitaciones transitorias (localización). Vencidos los plazos establecidos, la Universidad estaría en condiciones de denunciar los contratos de locación vigentes.
