El programa Ingreso Social con Trabajo reconoce entre sus objetivos primordiales: la creación de oportunidades laborales para la inclusión y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y barrios más vulnerables mediante el entrenamiento para el trabajo y el fortalecimiento del trabajo asociativo. Esos objetivos son sintetizados en tres pilares: inclusión social a través del trabajo; capacitación desde una perspectiva integral y promoción de la organización cooperativa.

Para llevar adelante el programa, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación  establece acuerdos con organizaciones gubernamentales de distinto orden (municipios, ministerios, provincias) que funcionen como unidades de ejecución de las acciones y tengan a su cargo la responsabilidad del acompañamiento de los procesos para el logro de los objetivos propuestos.

En este sentido se pensó desde el diseño del programa a las universidades en el rol de monitoreo de gestión y/o auditoria de carácter técnico administrativo contable, así como para verificar el avance de obras con capacitación institucional e informar sobre metas esperadas.

Sin embargo la UNLP fue la primera universidad en el país que se constituyó como unidad ejecutora y asumió la responsabilidad del acompañamiento descripto en los párrafos anteriores.

La asunción de dicha responsabilidad estuvo relacionada con una decisión estratégica que fue consolidándose en los dos años de experiencia: el aporte de las universidades  a los procesos de implementación de políticas públicas.

Tomando el estado de la cuestión sobre estos temas, se entiende que el proceso de producción de políticas se puede dividir para comprenderlo analíticamente en diferentes fases: identificación de un problema, formulación de una acción, toma de decisión, implementación y evaluación de los resultados.

La experiencia de la Universidad de La Plata como unidad ejecutora del Programa Ingreso Social con Trabajo pretende proponer y experimentar alternativas a un grave problema que los procesos de política pública plantean y al que las universidades públicas responden de manera diversa: los procesos de implementación de políticas como espacios de potencial fracaso de la mayoría de los diseños. Justamente porque es allí donde se enfrentan las hipótesis de cómo abordar un determinado conjunto de problemas con la realidad.

El punto es que los procesos de gestión de una política pública no tienen en general incorporada a la implementación la noción de ajuste sobre las hipótesis de acción iniciales.  Las fases de diseño, implementación y evaluación se encuentran aún en la actualidad teñidos de modelos tecnocráticos de planificación que las entienden como compartimentos estancos que no se retroalimentan.  La universidad pública puede hacer un aporte estratégico para abordar este problema que atraviesa a la sociedad argentina y avanzar en un debate hacia el interior que no se encuentra saldado: el sentido de la producción del conocimiento de las universidades argentinas.

La investigación básica y aplicada se encuentra en este momento interpelada por una sociedad que demanda aportes de la Universidad al desarrollo de conocimiento que promueva el bienestar de la ciudadanía. En este sentido se incrementan día a día los aportes de las investigaciones llevadas adelante por los diferentes centros, laboratorios y unidades. Docentes, graduados y estudiantes de universidades públicas participan activamente de dispositivos de enseñanza, extensión e investigación que se encuentran fuertemente vinculados a lugares en los cuales las políticas públicas cobran vida. Aulas, gabinetes, espacios de cogobierno, son escenarios permanentes de análisis sistemáticos, debates, toma de posiciones sobre las formas en que el Estado aborda las cuestiones socialmente problematizadas en los diferentes momentos de la historia de nuestro país.

En este sentido, las prácticas extensionistas son un espacio privilegiado para problematizar la relación entre universidad y políticas públicas, ya que se constituyen en una relación de retroalimentación permanente con la comunidad y permite comprender que estas son un campo de problematización permanente que genera valiosos insumos para la discusión teórica, metodológica y política que tienen que ser abordados desde los espacios gubernamentales, académicos, de la sociedad civil y los movimientos sociales.

Lo anteriormente planteado nos permite entender la importancia de la participación de la universidad pública en la implementación de políticas públicas.